El Gobierno Municipal de Getafe insta al Gobierno español a que exija al Gobierno de Honduras que garantice el proceso democrático electoral, recuperando las garantías constitucionales, para lo que pide al Tribunal Supremo Electoral que solicite el recuento de las actas electorales de los comicios celebrados el pasado mes de noviembre, incluyendo las cinco mil actas que todavía no fueron escrutadas bajo la supervisión internacional.
En este marco se demanda al gobierno Hondureño que pare de inmediato la represión contra las legítimas manifestaciones de los ciudadanos y que se respete su derecho humano a la protesta. Que restaure las garantías constitucionales y cese el toque de queda. Exige una investigación independiente internacional dentro del Tribunal Superior Electoral. El Gobierno de Getafe insiste por último en que “se suspenda temporalmente toda la ayuda financiera al Gobierno de Honduras hasta que dichas manipulaciones electorales se hayan resuelto y hayan cesado las acciones represivas contra la ciudadanía”.
El domingo 26 de noviembre de 2017 el pueblo Hondureño participó en unos comicios electorales, acompañado por una numerosa presencia de observadores nacionales e internacionales, siendo una de ellas la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que advierte falta de transparencia y de responsabilidad, ya que el Tribunal Supremo Electoral no mantenía una comunicación abierta con los partidos políticos y ciudadanos.
Los ciudadanos y organizaciones que seguían de cerca el proceso político hondureño durante la última década, están profundamente preocupados por el papel de debilitar que probablemente está jugando el Tribunal Supremo Electoral, ya que aumenta la inseguridad y la polarización dentro de la población hondureña y profundiza la crisis política en el país.
Los niveles de inseguridad y violencia en Honduras siguen siendo altos. La impunidad generalizada continúa debilitando la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia. Las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos de América para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El gobierno anunció la creación de un ministerio de derechos humanos y justicia, que debía estar operativo en 2018.
