La justicia confirma que la Comunidad de la villa de Madrid debe supervisar los niveles de estruendos de Corrugados

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La justicia ha dado la razón a los informes que ya aprobó la Junta de Gobierno del Municipio de Getafe, repitiendo que la única administración eficiente para observar y sancionar los incumplimientos de la actividad de Corrugados en lo que a ruidos se refiere, ya sea en zona residencial o industrial, es la Comunidad de la villa de Madrid. Esta circunstancia se ha dado una vez que Corrugados reclamara en los tribunales una investigación de estruendos en zona residencial pedido por el Municipio para revisar que las medidas implantadas por la compañía eran eficaces.

Tal y como refleja la sentencia: “El Municipio pretendía demandar el cumplimiento de su normativa, en un caso así es la Ordenanza para la Protección del Medio Entorno en el ayuntamiento de Getafe, invocando a favor suyo todas y cada una de las disposiciones legales que atribuyen a los municipio competencias  en materia de control del medioambiente y, particularmente, la legislación en materia de protección en frente de la polución acústica”.

“El Municipio no puede imponer nuevas medidas correctoras que no forman el objeto del Plan de Minimización del Estruendos (PMR) aprobado por la Comunidad de la villa de Madrid en el marco de la AAI otorgada”.

“El Municipio no puede demandar la realización de ciertas medidas, en un caso así una investigación acústico, para revisar si esa actuación ejecutada dentro del PMR ha dado resultado positivo o no, puesto que ello no es de su competencia, ya que recae sobre el campo de las que corresponden a la Comunidad de la capital de España, que es la que ha concedido la AAI”.

“Corrugados tiene ya limitados los niveles de estruendos por la Autorización Ambiental Integrada concedida por la Consejería de Medio Entorno, y dicha AAI predomina sobre cualquier otro medio de intervención administrativa en la actividad, siendo vinculante para el Municipio en todos y cada uno de los aspectos medioambientales recogidos”.

“Es objetivo es concentrar en un acto administrativo, al cargo de una sola administración, la Comunidad Autónoma eficiente, el control de estas actividades”.

“El Municipio solo tiene el control sobre el proyecto pertinente a la normativa municipal en materia urbanística, salvo en lo relacionado con el campo de control medioambiental, en el que la AAI antecede y se antepone a dicho control municipal”.

“El establecimiento de medidas correctoras corresponde a la comunidad autónoma, como la imposición de las sanciones pertinentes, al contar con de manera expresa que la AAI va a ser, en su caso, vinculante para la autoridad local”.

Así, tanto la justica como los informes jurídicos de la Universidad Carlos III coinciden en que la Consejería de Medio ambiente regional debe hacer en frente de la vigilancia y los incumplimientos de la actividad de la compañía, pues es esta quien entrega la AAI. Esto incluye las sanciones por estruendos en zona residencial, que de forma equivocada o intencionada, se había atribuido al Municipio.

Tras conocer esta sentencia, el Gobierno local, ha vuelto a demandar a la consejera de Medio ambiente, Paloma Martín, que acepte sus competencias y responda a las demandas que tanto los vecinos como el Municipio vienen denunciando en lo relativo a ruidos en zona residencial desde dos mil catorce.

Se da la coyuntura además de esto, de que conforme la información que ha recibido el Municipio tras incontables peticiones, la Comunidad de la capital de España ha abierto ocho expedientes por incumplimientos a Corrugados en los últimos seis años, de los que solo ha resuelto 1 a día de hoy con una sanción económica. El Gobierno local ha manifestado su sorpresa por el control que se hace de la AAI en sus extremos, pues tanto vecinos, como Policía Local han recogido en los últimos meses posibles nuevos incumplimientos.

Esta es la cuarta vez en los 5 primeros meses del año que Getafe demanda con hechos, informes y ahora con una sentencia judicial, que la Comunidad de la villa de Madrid debe alterar de oficio la AAI que deja la actividad de la compañía en las presentes condiciones. Hasta la data, la consejera Paloma Martín, no ha contestado ninguna de estas reclamaciones.

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